Una convocatoria de vital importancia que regula la práctica totalidad de ayudas y financiación de los programas del tercer sector de acción social, para el próximo ejercicio 2023, que atienden a más de 200.000 personas vulnerables en toda la Comunidad autónoma anualmente.

 

En dicha reunión se puso de manifiesto la unión de todo el tercer sector de la Comunidad de Madrid, que presta apoyos y servicios a personas sin hogar, personas mayores, con discapacidad, migrantes, infancia, mujeres victimas de violencia de género y personas LGTBI, que trabaja de forma coordinada defendiendo los derechos y apoyos de las personas más vulnerables.

 

La Comunidad de Madrid, en una situación de crisis económica en aumento, ocasionada por una inflación constante y al alza que está asfixiando en su día a día a la ciudadanía madrileña, lanza unas bases donde no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades ni se pone el foco en la realidad social, como por ejemplo priorizando municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes, limitando las posibilidades de atención por parte de las entidades sociales o elevando el porcentaje de criterios subjetivos a un 80% poniendo en peligro programas de sectores clave como la pobreza, la discapacidad y la atención a la población vulnerable.

 

Ante esta norma, publicada el pasado 30 de junio en el BOCM, las entidades han demandado a la Consejera que “dé marcha atrás” y, de manera organizada, han remitido un documento unitario con peticiones de cambios urgentes y han solicitado se pueda consensuar de manera urgente un nuevo marco.

 

Las organizaciones del sector, que no descartan tener que impugnar la orden de bases y el resto de normativa ante el TSJM, quieren señalar la importancia e impacto en la población más vulnerable que estas ayudas (las únicas que se eligen por la sociedad al marcar la casilla social en la declaración de hacienda) tienen hacia las personas que más lo necesitan.